La decisión de la Corte Suprema sobre el rastreo de ubicación ha generado un debate sobre el uso de las cámaras de matrículas. Si se requiere una orden judicial para las búsquedas de ALPR, esto podría limitar radicalmente cómo se utilizan las redes de cámaras y cambiar la forma en que se lleva a cabo la policía moderna. Esto ha generado una reflexión sobre el equilibrio entre la seguridad y la privacidad.

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